lunes, 1 de agosto de 2011

NO JURAR SU SANTO NOMBRE EN VANO


Por: Miguel Godos Curay

El preámbulo de la Constitución de 1979 representó en su momento una absoluta novedad. Se trata de una declaración expresa de intenciones en la que se reconoce la primacía de la persona y que ésta tiene derechos anteriores y superiores al Estado. Reconoce el valor del trabajo, la justicia y la creación de una sociedad libre y culta, sin explotadores ni explotados y a un Estado democrático con plena vigencia de los derechos humanos. Tal declaración surgió de los proyectos presentados por Andrés Townsend Ezcurra (Partido Aprista) y Roberto Ramírez del Villar (Partido Popular Cristiano). La alusión a la Constitución de 1979 del Presidente Ollanta Humala en su fórmula de juramento no es casual. Según Domingo Faustino Sarmiento, el preámbulo refleja el espíritu de una carta política.

En principio hay una reafirmación democrática. No olvidemos que el preámbulo fue una propuesta del 62% de la constituyente conformada por los Partidos Aprista y Popular Cristiano. La izquierda radical se opuso a la sustancia declarativa. Para el constitucionalista José Pareja y Paz Soldán se trata de una “Declaración hermosa, elevada y generosa que refleja las legítimas aspiraciones de los peruanos”.

La Constitución de 1979, tiene 307 artículos y 18 disposiciones transitorias y complementarias. Es una constitución demasiado extensa y reglamentarista. Luis Alberto Sánchez, señaló, que en efecto se dictaron normas exageradas para fijar proposiciones concretas. La Constitución española (1978) tiene 169 artículos, la francesa (1958) 92, la italiana (1947) 139. La Constitución vigente de 1993 tiene 206 artículos.

Toda constitución tiene como fin primordial garantizar el Imperio del Derecho y actuar como freno frente a los excesos del Ejecutivo. Si como señala Sartori las palabras son los anteojos y también, en parte, los ojos de lo que pensamos. Podemos señalar que el gesto presidencial tiene el relieve de un compromiso que no transita por los excesos autoritarios y estatistas que es lo que todos los peruanos esperamos.

Anthony Giddens, advierte que la democratización de la democracia es hoy una necesidad que requiere una activa participación de la sociedad civil para renovar la conducción de la esfera pública con transparencia, eficiencia administrativa y mecanismos efectivos de la democracia directa. Los gobernantes tienen que zurcir y restablecer la confianza de los ciudadanos. Para ello se requieren mecanismos de salvaguardia contra el mal uso de los recursos públicos mediante la vigilancia ciudadana. Hoy la legitimidad del Estado sólo se consigue mejorando la calidad de la administración pública en todos los niveles. De acuerdo al vigente principio ecológico de “obtener más por menos”. No es necesario crear pánico laboral en la burocracia sino mejorar su eficiencia en todas las instituciones del Estado.

Pasados los mensaje retóricos y el colorido de los desfiles. El país necesita moverse con señales muy claras en la conducción económica y política. La euforia evanescente nos deja ahora cara a cara con la realidad. La economía no espera y gatilla los resortes de la confianza o la desconfianza. Todos queremos un país que no interrumpa su rumbo económico y en donde las señales de la buena conducción del Estado se sientan en los campos del empleo, la salud y la educación. El Perú definitivamente ya no es un país de constitución débil.

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