Por: Miguel Godos Curay
El éxito de la administración de justicia no es un asunto privativo de jueces. Lo es en mayor proporción de ciudadanos vigilantes dispuestos a señalar la corrupción en todas sus formas. La indiferencia ante lo podrido es finalmente la anomia que socava instituciones. Hace algunas horas el Presidente de la Corte Suprema de Justicia doctor César San Martín Castro, lo señaló puntillosamente en el acto de otorgamiento del Doctorado Honoris Causa en la Universidad Nacional de Piura. El juez soporta todo tipo de presiones antes de emitir una sentencia en la que razonablemente devuelve la confianza en la justicia y en el respeto a la ley.
El corrupto, finalmente penalizado. Es producto de un largo y sistemático proceso de transgresiones, sacadas de vuelta, convertidas en una bola de nieve que arrastra y arrasa. Los ciudadanos requieren y exigen garantías suficientes para confiar en la justicia reparativa y en la proporcionalidad de las sanciones. No es cierto que la corrupción sea un leve pecadillo de omisión en donde la ingenuidad resulta sospechosa. En realidad existe un propósito deliberado de enriquecimiento, de daño, de dolo y de robo descarado que a consecuencia de la repetición se convierte en una verdadera gimnasia pervertida e incontrolada que pulveriza presupuestos y que se nutre de los sobre costos en el gasto público.
La corrupción priva a muchos de lo que por justicia y legitimidad les corresponde. Señalaba el doctor San Martín Castro que por eso el proceso de administración de justicia reúne varios componentes que precisan con meridiana claridad la responsabilidad de lo presuntos autores. Hay finalmente una criminalidad fundada cuando con las suficientes pruebas se emite una sentencia justa. Toda sentencia responde a un conocimiento empírico de los hechos y a una confrontación de leyes y criterios de otros jueces frente a circunstancias análogas. La ciencia jurídica desemboca por ello en el territorio de los principios, de la moralidad y la conciencia.
No se trata definitivamente de sostener que la justicia está mal porque alguno de sus integrantes actúa contra lo esperado y establecido. Existe también una responsabilidad ciudadana e institucional que permite reconstruir la confianza de la sociedad. El Estado de derecho no sólo preserva el bien común sino la posibilidad de que los reos tengan la posibilidad de socialización y el cumplimiento de su pena sin la frustración que significa estar privados de su libertad.
Tras un juez empujan con inusitada fuerza una serie de presiones de todo tipo. El interés político, el poder económico, el tráfico de influencias, los medios de comunicación y otro tipo de presiones con nombre propio. Corresponde al juez la serenidad suficiente y madurez para actuar con objetividad moral. De este modo no traiciona la fidelidad a la conciencia y a los principios. Pero ¿podemos pedir objetividad a un juez o a un periodista que por su naturaleza son subjetivos? A lo más existe una aproximación a la fidelidad de los hechos. La justicia es un valor cuyas hermanas próximas son la verdad, la belleza y la integridad personal. Y como tal resplandece. Este puede ser un problema de profundidades filosóficas. En cualquier latitud la calidad moral no tiene precio. El doctor San Martín Castro, tiene una foja impecable y supo ser firme sentenciando con suficientes argumentos a Fujimori. Con esta actitud moralmente valerosa es posible reconstruir la confianza en la administración de justicia. Para los juristas esto significa que el sistema funciona. Para los niños pobres, la esperanza en un Perú mejor.
Foto: Dr.César San Martín Castro, Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República.
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