Por: Miguel Godos Curay
Universidad Nacional de Piura
La Corte Suprema de Chile aprobó por fin la extradición a Perú del ex presidente Alberto Fujimori. El inapelable fallo dejó sin efecto la resolución del Juez Orlando Alvarez quien negó el pasado julio la extradición. El ojeroso juez Alberto Chaigneau, responsable de redactar el fallo, indicó, tras dar a conocer el fallo que por fin podrá conciliar sueño. Fujimori, se enteró de la sentencia en la Hacienda Chicureo donde fue virtualmente “notificado” por la televisión. Su situación cambió súbitamente de procesado a detenido. Todo está consumado y no hay lugar al pataleo legal.
El traslado de Fujimori de Santiago al Callao es ahora responsabilidad de INTERPOL. Una nave policial debe conducirlo en condiciones de extrema seguridad al Perú, luego será trasladado a un establecimiento penal en donde sea alojado temporalmente mientras dure el juicio. Se ha descartado la posibilidad que comparta celda con Vladimiro Montesinos su clon criminal o con Guzmán Reynoso el cerebro de Sendero Luminoso. Para los fujimoristas la noticia fue fulminante. Un baño de agua fría los estremeció antes de que pretendieran el blindaje legal de su líder. Políticamente el juicio tendrá impactos en las futuras decisiones del Congreso. El Apra no contará con el apoyo del fujimorismo. El tiempo que dure el juicio las primeras planas tendrán diaria distracción. Y no se descarta el encuentro con Montesinos.
Fujimori llegó sorpresivamente a Chile el 6 de Noviembre del año pasado. Lo hizo en un costoso vuelo de 450 mil dólares con escala en Tijuana ( México). Ironía. El chino registró fotografías y saludó a sus seguidores cuando la nave pasó por Lima. Tras diez horas de viaje llegó a Santiago en donde ofreció provocadoras conferencias de prensa. El furtivo ingreso a Chile provocó un terremoto a las autoridades migratorias sureñas. Fujimori prófugo de la justicia peruana en sus fríos cálculos esperaba de las autoridades chilenas un trato a lo Pinochet. Detenido e internado en las instalaciones de la Escuela de Gendarmería. Nada hacía sospechar el imprevisible desenlace.
En enero de 2006 el Perú formuló petición para que Fujimori fuera extraditado por delitos de corrupción y crímenes contra los DD.HH. Por este motivo se designó al juez Orlando Alvarez para que se hiciera cargo del proceso. Fujimori fue interrogado el 28 de febrero por el caso de Barrios Altos. El 18 de mayo de 2006 la Corte Suprema le otorgó la libertad bajo fianza. Entonces se trasladó a una lujosa residencia en Los Dominicos, un barrio exclusivo de Santiago, en donde se dedicó a armar avisperos con la prensa.
Advertido por el gobierno que solicitaría a la Corte Suprema silenciarlo. Se silencio temporalmente y se dedicó a viajar. En su primera salida descubierto por estudiantes fue pifiado en Rancagua. Poco después apareció recorriendo viñedos en Colchagua. Otras ocasiones, concurría al litoral en Zapallar, Marbella, Maitencillo y San Antonio donde se internaba a pescar. Fujimori es aficionado a los mariscos y pescados que él mismo compraba y preparaba para sus amigos: ayayeros peruanos, japoneses, coreanos y empresarios chilenos. El 7 de junio la fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado, entregó un informe donde recomendó la extradición, decretándose su arresto domiciliario. Desde este día quedó recluido en la hacienda Chicureo lo que no impidió que la tarde del lunes 18 de junio recibiera en su residencia un enviado del Partido Popular japonés, quien le propuso candidatear por un cupo parlamentario en el senado nipón. Tras obtener 51 mil votos de un total de 47 millones y ningún escaño quedó en compás de espera de un imprevisible desenlace.
Los delitos por los que deberá ser procesado Fujimori por la Sala Penal Especial de Lima son los siguientes: 1) Allanamiento ilegal. El 7 de noviembre del 2000, Fujimori ordenó el allanamiento de la residencia de la esposa de Vladimiro Montesinos, Soledad Becerra, enviando a un funcionario de la Casa Militar y haciéndolo pasar por un fiscal para encubrir la ilegalidad. Este día Fujimori se apropió de incriminatorias pruebas cuyo destino se descnoce. Los delitos perpetrados: Ursurpación de funciones y abuso de autoridad.
2) Intercepción telefónica. Se acusa a Fujimori de ordenar la intercepción telefónica de opositores entre 1990 y 2000 con dinero del Estado y en asociación con Vladimirio Montesinos, entre otros. Delitos: Interferencia o escucha telefónica, asociación ilícita para delinquir y peculado; 3) Adquisición de tractores chinos y medios de comunicación. El ex presidente es acusado de utilizar recursos del Estado por un monto de 57 millones de dólares para comprar tractores, en mal estado, de una empresa china sin licitación. En cuanto al caso “medios de comunicación” se le imputa a Fujimori haber usado fondos públicos (3 millones 750 mil dólares) en asociación con mandos militares y Montesinos para adquirir medios de comunicación (Cable Canal CCN y Expreso) y de esta manera favorecer su segunda reelección. Delitos: Asociación ilícita para delinquir, usurpación de funciones y peculado.
Otro de las causas de la extradición es: 4) Pago de 15 millones de dólares a Montesinos. En este caso se imputa a Fujimori haber usado fondos públicos para pagar, el 19 de septiembre del 2000 y en asociación con otros, una compensación ilegal a Vladimiro Montesinos por 15 millones de dólares. Delitos: Asociación ilícita para delinquir, peculado y falsedad ideológica; 5) Soborno a Congresistas “tránsfugas”. Fujimori es acusado de sobornar, junto con Montesinos y mediante fondos públicos, a varios Congresistas para que ingresaran a las filas del partido oficialista “Perú 2000″ o se alinearan con la línea oficial. Delitos: Asociación ilícita para delinquir y corrupción de funcionarios,
Los delitos más graves son los que atropellan derechos Humanos al respecto se ha admitido como causa:6) El uso de los sótanos del SIE por orden de Fujimori para secuestrar y torturar a opositores del régimen. En las instalaciones del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) Fujimori fijó residencia en 1992. Según la acusación, las víctimas son la ex primera dama Susana Higuchi, Leonor La Rosa Bustamente, el periodista Gustavo Gorriti, Hans Himmler y el empresario Samuel Dyer. Todos, con excepción de Leonor La Rosa (quien habría sido secuestrada en 1997), habrían sido secuestrados y torturados en 1992. Delitos: Lesiones graves y secuestro; 7) Caso Barrios Altos y La Cantuta. En este extremo se imputa a Fujimori la responsabilidad criminal en los asesinatos de 15 personas en un inmueble de Barrios Altos (3 de noviembre de 1991) y la tortura y asesinato de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta (18 de julio de 1992). Ambos crímenes fueron cometidos paramilitares del grupo “Colina” y personal regular del Ejército. Delitos: Homicidio calificado, lesiones graves y desaparición forzosa de personas.
No se admitieron las acusaciones: Sobre pago SUNAT-Borobio. Fujimori es acusado de haberse asociado con Vladimiro Montesinos y otros para usar un millón 900 mil soles para cancelar una deuda de la empresa Borobio y Asociados S.A. con la SUNAT. Borobio y Asociados fue la empresa que asesoró y publicitó la campaña electoral de Fujimori en el 2000. Delitos: Asociación ilícita para delinquir y peculado. El Caso Faisal, APRODEV. Este caso se refiere a la creación de la página web APRODEV (Asociación Pro Defensa de la Verdad). Se le imputa a Fujimori utilizar fondos públicos, en asociación con Montesinos y otros, para pagarle 36 mil dólares al ciudadano argentino Héctor Faisal, encargado de la página web dedicada a difamar a opositores. Delitos: Asociación ilícita para delinquir y peculado. La adquisición de Medicinas chinas. Aquí se acusa a Fujimori de haberse asociado con Víctor Joy Way y otros para comprar equipos, maquinarias y medicinas de empresas chinas por 21 millones de dólares sin la licitación y los estudios de factibilidad requeridos por ley. Muchos de los equipos resultaron obsoletos y las medicinas llegaron, en muchos casos, vencidas. Delitos: Asociación ilícita para delinquir y colusión desleal. Otro caso es el referente a desvío de fondos.
La acusación sostiene que Fujimori creó con Montesinos una organización criminal con la finalidad de asegurar su permanencia en el poder con dinero de las privatizaciones, comisiones ilícitas en compras de las FF.AA, la Caja Militar Policial y donaciones japonesas. La suma total que Fujimori y Montesinos habría sustraído del erario público entre 1990 hasta noviembre del 2000 llegaría a 372 millones de dólares. Delitos: Asociación ilícita para delinquir, peculado agravado, falsedad material y falsedad ideológica.
Otro delito en causa pero no admitido como sustento de la extradición es la emisión de Decretos de Urgencia. Finalmente, se acusa a Fujimori de haberse asociado con altos funcionarios del gobierno para emitir, de forma irregular, una serie de decretos de urgencia que sirvieron para adquisiciones directas. Entre estas adquisiciones figura la compra de aeronaves malogradas de Bielorrusia y Rusia durante el conflicto con Ecuador por el monto de 1,922 millones de dólares. Delitos: Asociación ilícita para delinquir, colusión desleal, peculado, malversación de fondos, falsedad ideológica y traición a la Patria. La encrucijada del Gobierno peruano está en el garantizar un proceso transparente e impecable sin impunidad. El eventual uso del juicio con fines políticos serviría como ritual propiciatorio para convertir a Fujimori en víctima allanándole camino a un eventual relanzamiento electoral.
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