PERIODISMO Y DESINFORMACIÓN

Por: Miguel Godos Curay

Miguel Godos en inolvidable entrevista a Luis Alberto Sánchez (1990)

El 1 de Octubre se celebra por iniciativa de la Federación de Periodistas del Perú el Día del Periodista Peruano. Fueron los periodistas federados los que por Decreto Supremo 2521 y en reconocimiento al Diario de Lima, fundado en 1743 por el periodista Francisco Antonio Evaristo Cabello y Mesa quien firmaba como Jaime Bausate y Meza establecieron esta fecha el 1 de octubre de 1953. Posteriormente la Ley 25001 en el primer gobierno de Alan García confirmó la efeméride. La ocasión siempre fue propicia para los grandes reencuentros. Las evocaciones sentidas y hatos de recuerdos.

El periodismo de ayer siempre fue papel y tinta. Libreta de apuntes y sutil inteligencia. Hoy todo es digital. Las entrevistas, las fotos y la transmisión de noticias es un malabar del dispositivo celular. Se esfumó la pasión por las primicias y las notas exclusivas. No es raro observar como ingenuos reporteros comparten  en la puerta de instituciones públicas sus noticias. El periodismo de ayer era una pasión estimulada por el café y la lectura a pie de página. Las redacciones eran ruidosas por el tecleo de las viejas Remington. El sabor de una buena primicia es incomparable. Un gol cerebral en el arco de la competencia.

Las laptops conventualmente silenciosas no animan la fiesta. Hoy es un colorido refresco light. Ya no existe el hábito de la lectura. Ni la técnica habilidosa para capturar primicias. La gran ventaja de la modernidad es el ahorro de cuartillas para escribir. Antes un cartucho de película servía para 36 tomas. Hoy un celular con memoria puede almacenar más de  medio millar. Siempre tuvimos la convicción que el periodismo inteligente se nutre de la buena lectura. La corrección gramatical y la buena ortografía eran producto del ejercicio cotidiano de pensar, escribir y vivir.

El periodismo gracias a la tecnología ha experimentado asombrosos cambios. Hoy cualquier estudiante de periodismo pertrechado de un celular puede editar sus notas y fotografías en un santiamén. Si desea las difunde inmediatamente en las redes sociales. También puede realizar un despacho en  un territorio de conflicto sin las pesadas caseteras y sin cámara sólo con el auxilio y la memoria digital de su teléfono. Hoy todo se ha simplificado.  Sin embargo, lo que no ha variado un ápice es el servicio indeclinable a la verdad. No se puede hacer buen periodismo con mentiras y sin previa verificación. Las revelaciones de los medios  desnudan conductas corruptas de políticos, funcionarios negligentes, empresas sospechosas y hasta la mala calidad de obras públicas con la consiguiente  malversación de dineros del Estado.

Sin embargo, existen agresivas y contumaces olas contra la verdad. Se tergiversa sin reparo. Se omite deliberadamente información. Se miente impunemente y se coimea ahí donde abundan dateros sin escrúpulos.  Las fakenews (noticias falsas) se reproducen  en cadena manipulando algoritmos y pulverizando la credibilidad y la verdad. Hace algunos días el debate y los esfuerzos para un eficiente “fact checking” (verificación de los hechos) fueron el ingrediente de  la III Cumbre Mundial sobre Desinformación. Una de las conclusiones fue la necesidad de una postura multidimensional para atacar la desinformación en la que cada grupo, gobiernos, plataformas, fact-checkers, medios de comunicación y audiencias asuman responsabilidades de vigilancia y denuncia. Definitivamente no se puede controlar la desinformación si no existen políticas públicas inteligentes, eficientes y severas. Y no se denuncia.

En el ecosistema de la libertad de prensa, existen malas legislaciones, en especial las leyes de comunicación o de prensa o las que colisionan con las políticas editoriales de los medios, ya sea mediante cuotas de acuerdo a los medios, colegiación obligatoria de periodistas, desacato y criminalización de las denuncias a malos funcionarios, magistrados y políticos corruptos. Sin embargo, son positivas aquellas leyes referidas al mandato obligatorio a los gobiernos para permitir el acceso a la información y transparencia en los asuntos públicos. En la sociedad de la información no se puede festinar el ocultamiento de la verdad.

Hoy un movimiento financiero sospechoso se detecta inmediatamente en el desbalance patrimonial, en los trámites notariales reportados a la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera), movimiento de cuentas, propiedad de negocios pantalla, adquisición  de moneda extranjera y bienes inmobiliarios. De modo que maquillar lo inocultable es un indicio razonable.

Así como existen leyes que penalizan los abusos infantiles, la pornografía y otros delitos como la violencia de género y exclusión las minorías, la desinformación intencional debe ser combatida como un delito que conspira contra la democracia, con serios agravantes cuando las campañas de desinformación corroen los procesos electorales. En muchos códigos penales, como el nuestro, la difamación, injuria y calumnia, la invasión de la privacidad, robo de datos personales o suplantación de identidad son  delitos sancionados. Sin embargo, las leyes se tornan laxas en el caso de funcionarios públicos y congresales.

Hay tres elementos imprescindibles para una legislación inteligente y simple sobre la desinformación. El primero es prohibir a los gobiernos y a los partidos políticos desinformar sancionando a las dependencias y funcionarios que crean y usan ejércitos de bots (programas de software en Internet que llevan a cabo tareas repetitivas) y trolles (personas con identidad desconocida que publican mensajes provocadores) para crear campañas de difamación y mentiras contra medios, periodistas, críticos y opositores. Este veneno no es producto nuevo.

El segundo es la necesaria transparencia de los gobiernos en los procesos de información y publicidad pública apegados a la verdad, la prohibición de la propaganda ideológica y la transparencia de los gastos, incluyendo la manipulación partidaria de los medios públicos. Muchos medios viven de la publicidad del Estado. Y esa concesión graciosa mitiga y desaparece las críticas a los gobiernos de turno.

Y tercero, se debe responsabilizar a las plataformas digitales y los desarrolladores de inteligencia artificial como editores de contenidos y no solo como distribuidores de estos, teniendo en cuenta otras responsabilidades en materia de transparencia en el manejo de algoritmos, publicidad y reconocimiento del derecho de propiedad intelectual.

Debe prohibirse a los gobiernos crear tribunales de censura de contenidos o erigirse como jueces de las libertades de prensa y expresión. Los límites, restricciones y controles deben estar bajo la resolución de los tribunales judiciales y su manejo previo, debe estar zanjado a través de grupos independientes o entidades autónomas. El Estado deberá subsidiar a estos grupos que absorberán en primera línea las disputas sobre desinformación, así como disponer dineros para campañas de educación y alfabetización mediática y digital. Existe una fundada desconfianza en países de regímenes autoritarios donde se imponen leyes de regulación de redes sociales o de la libertad de expresión con la intención de acallar las críticas y el disenso.

El esfuerzo de los medios, del periodismo, plataformas digitales, redes sociales, desarrolladores de inteligencia artificial debe basarse en la observación de la ley, pero, también, en métodos de autorregulación y medidas internas que coarten la desinformación, engaños o bulos antes de que sean distribuidos y se tornen virales. Los gobiernos tienen la responsabilidad primaria de invertir en procesos de educación, alfabetización digital de sus audiencias.

La responsabilidad de los medios de comunicación es la de crear contenidos de calidad y practicar el buen periodismo como vacuna o antídoto contra la desinformación. Como bien se dijo en esta III Cumbre, los desinformadores deben saber que crear desinformación tendrá en el futuro  un costo elevado. Y el descrédito absoluto. 
Pese a que se observa el crecimiento de organizaciones de fact-checking y la mayor sofisticación para detectar y controlar la desinformación es necesario brindarles apoyo  económico para ampliar esta labor. Esta III Cumbre demostró que la desinformación está socavando los pilares democráticos y motivando a gobiernos autoritarios. Por ello, como nunca, existe más conciencia de  la necesidad de proteger la verdad y la democracia.