Por: Miguel Godos Curay
Esta semana que pasó, invitado por la Universidad César Vallejo, me pidieron hablara a un teatro municipal lleno de estudiantes sobre dos temas puntuales y vigentes: gobernabilidad y responsabilidad social. Mi primera reflexión surgió del repensar el territorio regional. Piura con 35 mil 962 kilómetros cuadrados de extensión territorial es más grande que Israel que tiene 22 mil 145 kilómetros cuadrados y Bélgica que tiene 30 mil 528 kilómetros cuadrados. De modo que siendo Piura, territorialmente “un país” encajado en el Perú, necesita de un gobernante con perfil de estadista. No puede ser un gobernante improvisado dedicado a las menudencias domésticas o a las repartijas. Tiene que ser un gobernante dedicado a mover los engranajes de la economía regional y por ello tendrá que optimizar la asignación regional de recursos y asegurar que en el cuadro de la política económica nacional no traten a Piura como una hija de vecino. Además debe estar conectado a las organizaciones sociales de la región lo que en política significa gobernar con todos y para todos. No puede ser ni debe ser la vedette de su partido.
Debe hablar perfectamente inglés para que los operadores del capital y la inversión extranjera no lo hagan cholito y tener la suficiente capacidad para convocar al empresariado, la sociedad civil y a las diversas dependencias del Estado, que en Piura, a mil kilómetros de Lima son organismos disminuidos, simples mesas de partes incompetentes que no resuelven absolutamente nada. Deberá coordinar estrechamente con la representación parlamentaria en asuntos tan serios y carnudos como la descentralización fiscal. Piura es un buen puerto para las inversiones. Con empresas que hacen aportes fiscales significativos. Pero estos lamentablemente no se hacen en Piura sino en Lima. De tal manera que el gordo centralismo sigue siendo alimentado por regiones muy ricas como Piura. Sin embargo en la redistribución de los beneficios siempre nos toca el hueso y el pellejo. Lima come siempre lomo fino.
Similar rol corresponde a los consejeros, a los alcaldes y regidores, cuyas desarticuladas gestiones son la causa de la ingobernabilidad y su causa inmediata, el caos, desorden y falta de autoridad en la que se sume Piura y sus provincias. Los señalamientos ciudadanos a gestiones corruptas no pueden ser desoídos. Es tal dimensión de la ineficiencia que la desconfianza ciudadana está presente en los procesos de licitación de obras públicas, en estudios técnicos observados, en las provisiones de enriquecidos lácteos de escaso valor nutritivo sostenidos por redes mafiosas en los municipios, en el nepotismo descarado y grosero. En la falta de indicadores efectivos de logro que permitan establecer si avanzamos o nos encontramos estacionados en el atraso como consecuencia de deficientes gestiones públicas.
Las paradojas se extienden a muchos sectores como el sector educación. Según la Defensoría del Pueblo, el más corrupto y quejado. Realmente no hay logro educativo y este se refleja en la precariedad del rendimiento en los exámenes de ingreso a la universidad, en el poco interés por la lectura, y en el extendido pánico emocional a las ciencias. Estudiantes de centros educativos públicos y privados. Enfrentan el mismo mal. Si los gobernantes se desconectan de un sector de crucial importancia para el futuro de la región estamos fritos. ¿Cómo transformamos los impulsos de crecimiento en estadios de desarrollo si la educación se encuentra en el rasero? En poco o en nada han contribuido los esfuerzos de capacitación emprendidos por el propio Ministerio de Educación. Las evaluaciones realizadas no reflejan la realidad porque son arregladas con cosmética de eficiencia para el cobro mensual. El maquillaje se cae por sí solo cuando se analizan críticamente los resultados en la escuela.
La construcción social de una región requiere de perfilar con nitidez la relación con el Estado y con todos los sectores sociales, sin exclusiones, en el propio territorio regional. El primer vínculo es político y requiere coraje para exigir lo que por justicia y por derecho nos corresponde. El segundo es social y requiere con todas las provincias un trato equitativo frente al superlativo peso de los enclaves urbanos y costeros. Instituciones como los colegios profesionales, los sindicatos tienen que ser oídos. No es posible, por ejemplo, que lo padres de familia no tengan expedito el derecho de participar como escuchas de una clase de matemática que reciben sus hijos en una escuela pública porque el Sutep se opone.
No es posible que se haya abandonado en la escuela pública la educación cívica que permite formar ciudadanos reconocedores de sus derechos fundamentales, ni que se haya abandonado el deporte que enseña a competir, ni la educación por el arte que nos asoma a la belleza. No es posible que tengamos servicios públicos deficientes y que las quejas no sean oídas oportunamente. Problemas como la inseguridad ciudadana tienen que ser tratados desde la raíz. La estadística señala que en Piura hay un efectivo policial por cada 800 ciudadanos. A la inseguridad social se suma la inseguridad jurídica y la falta de respeto a la propiedad pública y privada pues nos estamos exentos de las invasiones o las apropiaciones producto del mafioso negociado de tierras que ha acabado con los espacios públicos como nuestras playas. Vivimos enfrentando consecuencias mientras las causas, persisten ignoradas.
En Piura hablamos de desarrollo humano pero lo que se observa es “desarrollo inhumano” del trabajo de niños, que deberían concurrir a la escuela, en el mercado, en fundos agrícolas y en los socavones mineros. Igual sucede en los grandes mercados de los capitales transnacionales en donde se eluden beneficios sociales. Aún existe maltrato a los ancianos y el deambular de nuestros enfermos mentales es parte del paisaje urbano local. Sumemos a ello la trata de personas y el surgimiento de negocios prósperos producto de la acumulación sucia de la corrupción, el narcotráfico y la trata de personas. El desarrollo es también reducción del desempleo, la pobreza y la inequidad.
El gobernante que elijamos debe tener una visión clara del territorio regional y provincial no puede ni debe ser ajeno a la necesidad de aprovechar los variados capitales que tenemos y que en su calidad de bienes públicos deben utilizarse en armonía con las poblaciones. Los piuranos no hemos desarrollado aún capital simbólico, que es esa capacidad de pensar y asumir una imagen territorial y tener la capacidad de proyectarla en el espacio y en el tiempo. Todo ello bebiendo de las fuentes de la cultura, de la historia y asumiendo los desafíos de la geografía que no nos son esquivos. Queremos un estadista con visión que nos represente con legitimidad en la construcción de la región que queremos.
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