Por: José Miguel Godos Curay
Las rabietas y la inconducta de los políticos son como las bromas de mal gusto: la grosería en la punta de la lengua. La inaudita procacidad de las bestias. Y cuando se refieren a obras públicas, la justificación de lo injustificable. De estos denuestos debe tomar debida cuenta la Contraloría pues cuando el río suena piedras trae. Las obras públicas se ejecutan y financian con dineros del Estado y su propósito inmediato es el beneficio de la comunidad. Aceras, pistas y veredas, escuelas, hospitales, mercados están en el elenco de las obras públicas visibles. Por eso el gobernante y sus funcionarios son directamente responsables de lo que bien o mal hacen en su ejecución y funcionamiento público.
Nada sale del bolsillo del gobernador ni
de los alcaldes. Se trata de dineros públicos invertidos por el bien de todos.
No es un botín de pervertidos malos funcionarios y servidores públicos que engordan
con el favorecimiento indebido, la cutra y el robo descarado. Finalmente acaban
entre rejas como soñas en jaula. Las autoridades en ejercicio deben a los
ciudadanos sin distingo de ninguna clase: educación y respeto. Dignidad y
decoro en su conducta. No se piense equívocamente que la grosería sintoniza con
la razón. Sólo en el paraíso de los truhanes, sinvergüenzas, bribones y pícaros
el grito y la sinrazón tienen nombre propio. La respuesta torpe es el balbucear emocional de
los hampones. Nunca la inteligencia de las razones.
La irritación del político es como el
culo del bebé cuando no lo cambian de pañales. De modo que este estilo procaz y
altanero de irritarse y vociferar en público no adorna al gobernante. Este es
un estilo antidemocrático por donde se le mire.
Es producto de la obcecación y la ignorancia política. Es la afloración
de la mala educación en el hogar y en la familia en donde anidan el mal gusto y
las soterradas frustraciones.
Piura, cuya antigüedad y nobleza, no
es de ayer, merece un trato educado y respetuoso. La procacidad de las tribunas no es una respuesta
lógica y coherente frente al reclamo legítimo y justo. No se puede con el
jarabe de lengua, la publicidad sórdida y estridente ocultar lo inocultable. Una
demolición apresurada de las principales arterias de la ciudad sin comienzo ni
final, con claro perjuicio al comercio, no es una demostración de la agilidad
de los constructores sino la consecuencia inmediata de obras inconsistentes sin
pies ni cabeza. Con deficiencias insuperables: falta de planificación, ausencia
de estudios serios poco o nada se puede hacer por Piura. La celeridad con freno
en seco es la indeleble señal de lo mal que se hacen las cosas.
Por esta razón, es necesario y
conveniente, que los Colegios profesionales de Ingenieros y Arquitectos, corporaciones
de profesionales y las partes afectadas emitan sus opiniones. La paralización
de las obras importa incremento de los costos y una retahíla de presupuestos adicionales
que encarece los costos de las obras. Preocupante resulta que en el escenario
de la demolición no se hayan colocado los carteles indicando los montos de
inversión, inicio y culminación de las obras.
Información más importante y trascendente que los ladridos del perro de
la vecina. Las demandas de los ciudadanos son reclamos legítimos que no pueden
se desoídos por la Contraloría y el Ministerio Público.
Los piuranos exigen y esperan
respuestas consistentes no jarabes de lengua y entusiasmos repentinos en las
redes sociales. Como se ha podido observar muchas veces lo que se exhibe como
logros por sus deficiencias son fiascos descarados. Si persiste la indiferencia
de los gobernantes ya es hora que un Frente Cívico plural exija lo que a Piura
le corresponde por justicia y por derecho. No es la primera vez que se invoca a
los piuranos ponerse de pie en defensa de sus derechos. Tienen que hacerlo ante
la ausencia de una respuesta de autoridades indiferentes distraídas por el
fandango político electorero. Piura, se merece una respuesta responsable de sus
gobernantes. Los gritos y peroratas de tribuna no dejan de ser el alarido cuando
algo no anda bien. Ergo corresponde a la Contraloría y al Ministerio Público
una intervención inmediata en defensa de los derechos ciudadanos. No hacerlo es
una inexcusable omisión.
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