CARMEN DE LA FRONTERA HORA CERO

Por: Miguel Godos Curay

Lo sucedido en Carmen de la Frontera, no es sino el epílogo sangriento de la exacerbación de un viejo conflicto alimentado con desinformación, la primacía de los riesgos relativos y renuencia al diálogo de una y de otra parte. La descalificación de la minería formal marcha al galope con la violencia de uno y otro lado. Unos no respetan los contextos culturales y los derechos preexistentes de las comunidades. Y los otros cerrados a toda posibilidad de diálogo recurren a la violencia como recurso extremo frente a lo que consideran una amenaza para su economía de subsistencia.

Río Blanco tiene un rico historial de confrontación. El proyecto no cuenta con la licencia social y los intentos por obtenerla han resultado fallidos al igual que las mesas de diálogo con previsibles resultados por la poca flexibilidad de los interlocutores. Mientras esto sucede la minería informal que envenena los torrentes y las fuentes de agua pero que ocupa a muchos agricultores pobres que abandonan sus tierras para dedicarse a la extracción de oro: sigue boyante.

La informalidad minera tiene impactos indeseables como la contaminación de aguas y tierras que quedan inutilizables de por vida. Los ayer pacíficos caminos a la sierra se han llenado de salteadores. Por ejemplo, la bomba de tiempo está en las Lomas y Suyo. El delito actúa como una amenaza a la paz social en Sullana. El flujo y reflujo del crimen se expande incontenible.

La minería formal ha sido descalificada por quienes han descubierto que el oponerse a la inversión es un negocio rentable. Lo es también para algunos ambientalistas que obtienen recursos del exterior y para narcotraficantes cuyas impenetrables rutas de mula por donde conducen PBC y látex de opio a la frontera pueden quedar al descubierto. A estos factores se añade la frágil respuesta del Estado y su ausencia ahí donde más se le necesita con servicios educativos, de salud y de saneamiento de calidad. Hoy en la sierra de Piura la electricidad y la comunicación celular se abren paso con velocidad inusitada.

Arriba, en las alturas andinas, la televisión muestra lo que una costa urbana y dispendiosa tiene y disfruta y lo que una sierra postergada ignora y anhela. Estos contrastes provocan frustración y rabia. Sumemos a ello la prédica y la acción violenta (cierre de caminos, flagelaciones y amenazas, vandalismo, ataques a la propiedad, siniestros) que ha roto en mil pedazos lo que ayer era una égloga de tranqulidad.

Otro factor es la errática gobernabilidad movida por el clientelismo populista de autoridades municipales que no escatiman pulverizar presupuestos con tal de sostener el tinglado de su sillón. Lo que en los municipios de la sierra se hurta se convierte en las residencias piuranas o sullaneras de alcaldes uñas largas. Constructoras y consorcios aparecen como conejos de la manga. Hacen y deshacen. Contratan, sobrevaloran y reparten. En este escenario enfrentarse a la minería puede resultar sospechosamente plausible pues no permite que se vean los latrocinios de fondo.

Un libro publicado por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) el pasado febrero “Minería y Conflicto Social” sostiene que la colina de Henry’s Hill, 2,800 metros sobre el nivel del mar, se haya en medio de un gran disputa que involucra comunidades de campesinos (Segunda y Cajas y Yanta) y hasta agencias internacionales. En torno al proyecto Río Blanco se encuentran en el escenario regional una serie de actores adicionales como la Iglesia, Ongs, grupos de profesionales, universidades, medios de comunicación social y el propio Gobierno Regional. A nivel nacional está el Estado y los inversionistas multinacionales.

Para unos Río Blanco es la batalla mayor para convertir a la sierra en un distrito minero lo que pondría en grave riesgo los bosques de neblina y la generación de agua. El escenario en disputa, por el futuro de las provincias de Ayabaca y Huancabamba, es de polarización absoluta y en apariencia irreconciliable. Para unos la batalla a muerte por el agua ya empezó para otros hay que acabar con la pobreza. Indudablemente que esta lucha tiene que ser equitativa y justa. Con un redistribución efectiva de riqueza. Lo que de ningún modo justifica la violencia criminal que enluta hoy a inocentes familias. La vida humana es un don y un derecho inapreciable. No permitamos, por ello, que de ningún manera se enseñoree la impunidad.
GRAFICO: REVISTA CARETAS EDICION 2103 5/11/09