La marcha por la paz en Lima y otras regiones del país tuvo una respuesta contundente.
Por: Miguel Godos Curay
La multitudinaria marcha de protesta
tras el vil asesinato de Paul Flores García “rusito” intérprete de música
popular y la censura del Ministro de Interior Juan José Santiváñez en el
Congreso son dos acontecimientos con el que se cerró la semana. Pese a la
manipulación mediática en el Congreso la votación fue de 73 votos a favor de la
censura,11 en contra y 18 abstenciones. Para unos se trata del comienzo del fin
frente a la ineficacia del gobierno para enfrentar el delito, la corrupción a
todo nivel y la inseguridad ciudadana que enfrenta el país. Para otros escepticismo
frente a las decisiones políticas de Boluarte.
La movilización de los diversos
colectivos, gremios y ciudadanos en Lima y otras regiones del país fue
contundente. La protesta fue un rechazo unánime a la creciente inseguridad y violencia
que afecta a millones de peruanos. Entre los manifestantes, estuvieron
presentes artistas y representantes de diferentes sectores, quienes con pancartas
y a viva voz exigieron justicia para las
víctimas de las extorsiones, sicariato y delincuencia que afecta la paz social
y tranquilidad en el país. El pedido unánime al Gobierno fue de medidas
urgentes, efectivas y eficaces para frenar esta crisis de inseguridad que
desangra al país.
En Lima los colectivos manifestantes
se concentraron en el Paseo de Héroes Navales y la Plaza San Martín, mientras
la Policía Nacional mantenía el orden público en el marco del estado de
emergencia declarado en Lima y el Callao. La presencia policial garantizó la
seguridad de los ciudadanos y evitó incidentes durante la movilización. La
marcha de protesta fue multitudinaria y contundente. Tal como expresaron
reconocidos artistas y grupos musicales: la extorsión, la delincuencia y el
sicariato amenazan a todos los ciudadanos. Si el gobierno no cambia las
políticas de seguridad el miedo va a paralizar la economía del país. La
inseguridad no alienta la inversión y el empleo. La ola criminal crece y la paz
social se desvanece.
El país exige drásticas medidas contra
el delito y seguridad para todos. Como bien señala el Objetivo 16 del
Desarrollo Sostenible: Urge promover sociedades pacíficas e inclusivas,
facilitando el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces,
responsables e inclusivas a todos los niveles. Las personas deben vivir libres
del miedo a cualquier forma de violencia y amenaza para sentirse seguras en su
día a día. Tras las amenazas del delito el rendimiento escolar decrece y el ir
a la escuela se desalienta. Los emprendimientos que generan pequeños ingresos a
las familias se esfuman. El invertir en protección y seguridad resulta más
oneroso que las mejoras en la familia y el hogar. Construir una sociedad
pacífica y segura es tarea de todos.
Los altos niveles de violencia e
inseguridad tienen consecuencias destructivas para el desarrollo de un país,
mientras que la violencia sexual, los delitos, la explotación y la tortura son
fenómenos generalizados donde se vulnera el Estado de derecho, en donde urge
proteger a los sectores con más riesgos. Por eso los gobiernos, la sociedad
civil y las comunidades deben colaborar para encontrar soluciones duraderas a
los conflictos e inseguridad ciudadana.
La lucha contra la corrupción a todo
nivel y la participación inclusiva son tareas de gobierno impostergables. Las
acciones de control son instrumentos eficaces en todas las instituciones:
rendir cuentas, la vigilancia informada de obras e inversiones públicas
arrinconan los delitos. El secretismo encubre el delito a todo nivel. Dónde no
hay transparencia en las acciones y decisiones la manzana se agusana y se
pudre. Si todos vigilamos y no nos callamos preservamos el bien común. Sí todos
nos protegemos cimentamos la seguridad y la convivencia pacífica. El bien común
es un derecho de todos. Preservando el bien común es posible implantar y mantener
el orden público y el ejercicio de las libertades ciudadanas y la paz social.
No hay comentarios:
Publicar un comentario